¿cuáles son las bases legales que sustentan la educación inicial en venezuela?
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El derecho a la educación ha sido reconocido como un derecho humano en varios convenios internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho a la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos, la obligación de desarrollar una enseñanza secundaria accesible a todos, en particular mediante la implantación progresiva de la enseñanza secundaria gratuita, así como la obligación de desarrollar un acceso equitativo a la enseñanza superior, idealmente mediante la implantación progresiva de la enseñanza superior gratuita. En 2021, 171 Estados eran parte del Pacto[1].
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en las etapas elemental y fundamental. La enseñanza elemental debe ser obligatoria. La enseñanza técnica y profesional debe ser generalizada, y la enseñanza superior debe ser igualmente accesible a todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Fomentará la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, grupos raciales o religiosos, y promoverá las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tienen derecho preferente a elegir el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”[3].
de the south news bits
Estas respuestas plurianuales en materia de educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas llegarán a más de 350.000 niños y jóvenes refugiados, migrantes y de las comunidades de acogida para garantizar el acceso continuo a una educación de calidad inclusiva y equitativa
3 de diciembre de 2020, Nueva York – En respuesta a la situación actual que obliga a los venezolanos a abandonar sus hogares, La Educación No Puede Esperar (ECW) anunció hoy 27,2 millones de dólares en subvenciones de inversión catalizadoras para programas de resiliencia plurianuales en Colombia, Ecuador y Perú; estos países están recibiendo un gran número de niños y sus familias que huyen de la violencia y la inestabilidad en Venezuela. Los programas plurianuales de educación para la resiliencia llegarán a más de 350.000 niños y jóvenes venezolanos y de las comunidades de acogida.
“La grave situación en Venezuela ha obligado trágicamente a unos 5 millones de refugiados y migrantes, a partir de marzo de 2020, a salir de su país de origen, y a millones de niñas y niños a salir de sus escuelas, para buscar seguridad en otros países de la región. Estos niños y jóvenes pueden ahora continuar su educación en sus comunidades de acogida, y esto les proporciona protección y esperanza en su futuro. Esto es precisamente lo que necesitan ahora. Su educación no puede esperar hasta que termine esta prolongada crisis. Necesitamos una acción colectiva y hacemos un llamamiento urgente a los donantes del sector público y privado para que financien íntegramente el programa conjunto de educación de La Educación No Puede Esperar para los refugiados y otros desplazados forzosos, así como para sus comunidades de acogida en Colombia, Ecuador y Perú”, dijo Yasmine Sherif, Directora de La Educación No Puede Esperar, quien añadió: “Estas inversiones plurianuales aportan coherencia humanitaria y de desarrollo en el sector de la educación, abordando tanto las necesidades humanitarias inmediatas como el fortalecimiento del sistema. Juntos podemos marcar la diferencia ahora, al tiempo que preparamos el camino para el futuro”.
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En la última parte del siglo XX, los militares venezolanos fueron relegados a los cuarteles, confinados constitucionalmente a la función de salvaguardar la seguridad pública y el territorio nacional. El personal militar estaba privado del derecho de voto y aislado en gran medida de la participación en la esfera cívica. Bajo el mandato de Chávez, consagrado en la nueva Constitución de 1999, se encomendó a los militares la tarea de participar en el desarrollo nacional. A partir de entonces, los militares se convirtieron en parte integrante del intento de Chávez de remodelar las estructuras sociales, económicas y políticas venezolanas en consonancia con la dirección política del gobierno, a la que a menudo se hace referencia como “la revolución bolivariana” o el “proceso bolivariano”. Chávez también pretendía crear vínculos más estrechos de confianza, cooperación e identificación mutua entre la población civil y los militares a través de lo que se denomina una alianza cívico-militar. Esto, según él, era crucial no sólo para garantizar la soberanía nacional, sino también para superar la historia represiva de los militares venezolanos, sobre todo contra los disidentes políticos y la mayoría pobre y de color del país.
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Artículo 1: La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente, basando su propiedad moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. La independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables de la Nación.
Artículo 3: Son fines esenciales del Estado la protección y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y pacífica, el fomento de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes establecidos en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para garantizar estos fines.
Artículo 4: La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos establecidos en esta Constitución, que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y responsabilidad compartida.
