¿cuáles son las bases legales de venezuela?
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GINEBRA (16 de septiembre de 2021) – Las recurrentes violaciones del debido proceso en Venezuela revelan un poder judicial carente de independencia, que ha permitido que graves violaciones de los derechos humanos contra opositores al gobierno queden sin control, señala un nuevo informe de las Naciones Unidas publicado hoy.
En su segundo informe, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela detalla cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política estatal para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno desde 2014.
“Nuestra última investigación encontró motivos razonables para creer que, bajo la intensificación de la presión política, los jueces y fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel significativo en las graves violaciones y crímenes contra los opositores reales y percibidos cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela.”
El Estado venezolano está constitucionalmente obligado a investigar y sancionar a todos los autores de violaciones de derechos humanos, independientemente de su posición. Sin embargo, la investigación de la Misión encontró que este deber se está incumpliendo en los casos que involucran a opositores reales o percibidos del gobierno.
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A continuación se muestran los pasos para poner en marcha una empresa. Se incluye: el número de procedimientos que los empresarios pueden esperar para iniciar y operar formalmente una empresa industrial o comercial, así como el tiempo y el costo para completar estos procedimientos y el requisito de capital mínimo pagado como porcentaje del ingreso nacional bruto (INB) per cápita.
El número total de procedimientos necesarios para que los hombres casados registren una empresa. Un procedimiento se define como cualquier interacción de los fundadores de la empresa con partes externas (por ejemplo, organismos gubernamentales, abogados, auditores o notarios).
El número total de días necesarios para que los hombres casados registren una empresa. La medida capta la duración media que los abogados especializados en constitución de empresas indican que es necesaria para completar un procedimiento con un seguimiento mínimo con los organismos gubernamentales y sin pagos adicionales.
El número total de procedimientos necesarios para que las mujeres casadas registren una empresa. Un procedimiento se define como cualquier interacción de los fundadores de la empresa con partes externas (por ejemplo, organismos gubernamentales, abogados, auditores o notarios).
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La crisis en Venezuela podría entrar en una nueva fase. Recientemente, Juan Guaidó coqueteó con la idea de una intervención de EE.UU. en su favor cuando no descartó solicitar tal medida. Sin embargo, y por muy comprensible que sea el deseo de un cambio (de régimen) en Venezuela, tal intervención por invitación sería ilegal.
Sin embargo, ese no es el final de la historia. La mayoría de los países u organizaciones regionales importantes como la OEA no parecen haber cambiado completamente su reconocimiento y siguen considerando a Maduro como el presidente de iure de Venezuela. Incluso si se rechaza este estatus, eso no convierte necesariamente en lícita una intervención: una cosa es reconocer (como hicieron la mayoría de los Estados miembros de la UE) o incluso “reconocer” (como hicieron Estados Unidos, Canadá, Perú o varios ministros de Asuntos Exteriores europeos) a un nuevo presidente y otra muy distinta intervenir militarmente basándose en su consentimiento.
En 1994, el Consejo de Seguridad autorizó explícitamente una intervención dirigida por Estados Unidos para restaurar el gobierno de Bertrand Aristide, que también había pedido una intervención estando en el exilio (resolución 940). En Sierra Leona, entonces, Ahmad Tejan Kabbah pidió igualmente una intervención para restablecer su presidencia tras ser derrocado. El Consejo de Seguridad reaccionó con declaraciones presidenciales y posteriormente se congratuló de que “se haya puesto fin al gobierno de la junta militar”.
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Nicolás Maduro, quien aún ocupa la presidencia, declaró el estado de alarma el 13 de marzo de 2020, invocando la necesidad de contrarrestar la pandemia. Sin embargo, el decreto correspondiente no sólo contradice las disposiciones constitucionales para los estados de excepción, sino que está siendo empleado para imponer limitaciones abusivas a los derechos humanos, agravar la represión y persecución política, desdibujar la gravedad de ciertos problemas socioeconómicos y contener las protestas sociales. La ausencia de controles judiciales y parlamentarios que puedan contrarrestar estos excesos de poder ha dado lugar a un giro autocrático dentro de un contexto que ya era autoritario. Mientras que en varias regiones del mundo se han intensificado los esfuerzos por recuperar la normalidad social y democrática, interrumpida por la pandemia, en Venezuela la normalidad democrática es algo que aún no se ha construido.
En las siguientes líneas examinaremos el precario marco normativo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha creado para combatir la pandemia, y que ha servido como instrumento para manejar más cómodamente la crisis política y socioeconómica preexistente, en lugar de resolverla.
